Sin embargo, al aproximarse más, y cuando ya había reducido la velocidad para aparcar frente a la casa, vio en el porche a dos hombres jóvenes y atléticos en actitud de espera. Supo al instante que eran policías y reaccionó bien. Apretó suavemente el acelerador y recupero la velocidad normal de crucero. Pero los agentes se dieron cuenta y le hicieron señales de que parara. No lo hizo, aparentó no darse cuenta y siguió conduciendo. En la primera bocacalle dobló a su derecha y aceleró la marcha con la esperanza de llegar a la siguiente esquina y volver a doblar y así perderlos de vista. No pudo ser, la calle era demasiado larga. Cuando estaba cerca del final vio en el retrovisor al coche camuflado con las señales lumínicas encendidas y haciéndole luces. Decidió parar, ya no tenía escapatoria viable. Les retuvieron hasta que llegaron refuerzos. Fernando enseguida manifestó que sus amigos no tenían nada que ver, que él era quien vivía en la casa, y que los otros solo estaban ahí de casualidad. No era cierto, pero valía la pena intentarlo. Los condujeron al inmueble, y una vez delante le preguntaron con buenas palabras si les autorizaba la entrada y registro de forma voluntaria. Se dio cuenta de que ya habían entrado y pensó entonces en decir que no, porque podría alegar entrada ilegal en vivienda. Como si le leyera el pensamiento, el caporal le dijo que se lo pensara bien, que había sido un delito flagrante porque un vecino había llamado alertando de un robo, y que por eso habían entrado. Y que, en cualquier caso, el juez de guardia autorizaría judicialmente la entrada y registro, de modo que hasta entonces se quedarían ahí retenidos durante el tiempo que hiciera falta. Le dijeron, además, que estaba claro que él no estaba viviendo allí, ya que apenas había muebles u objetos personales y que, por lo tanto, ni siquiera haría falta orden judicial. Se sintió mareado y sin saber qué hacer, y al final les dio la autorización. 

Entró con seis agentes y enseguida bajaron al sótano. No hizo falta que Fernando los guiara, era evidente que habían registrado toda la casa. En el sótano estaban las macetas de las plantas que se acababan de cortar, unas doscientas en total, con todos los aparatos para el cultivo de interior. En la planta intermedia no había nada de interés para la policía, pero en la superior había dos habitaciones con plantas en crecimiento, otras doscientas en total. En un extremo del porche estaban las plantas cortadas, envueltas en sábanas, que habían localizado, según decían los agentes, cerca de una puerta trasera de la vivienda que daba a un pequeño bosque. Al parecer, dos personas habrían entrado en la casa, cortado las plantas ya crecidas y florecidas del sótano, y cuando se las iban a llevar, habría llegado la policía y habrían tratado de huir por detrás, abandonando la marihuana. O tal vez la habían escondido para regresar luego con un vehículo y llevársela. En todo caso, la policía tenía su caso: marihuana, un sistema de plantación y tres presuntos autores. 

Se los llevaron a los tres a comisaría detenidos por un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico y de agua. En comisaría, ninguno de los tres declaró. En el juzgado, Fernando declaró únicamente a preguntas de su letrado y solo para decir que sus amigos no tenían nada que ver, y que él era el único que tenía la vivienda arrendada. Declaró asimismo que vivía en la casa, y que cuando él dio el consentimiento para la entrada y registro la policía ya había entrado, y que le presionaron para conseguir esa autorización. El Ministerio Fiscal solicitó su prisión provisional sin fianza, pero el juez le impuso únicamente la obligación de firmar cada semana y la retirada de pasaporte. A sus amigos, se les mantuvo la imputación por ambos delitos, aunque al cabo de tres semanas, y previa petición de su letrado, les archivó el procedimiento. La Fiscalía, después de la instrucción de la causa, formuló escrito de acusación contra Fernando por un delito de salud pública en notoria importancia, imponiéndole una pena de cuatro años de prisión, y por un delito de defraudación de fluido eléctrico, la pena de diez meses de multa y una responsabilidad civil de más de 20.000 €. El juicio será complicado, dado que con la agravante de notoria importancia la pena mínima por el delito contra la salud pública es de tres años, por lo que el riesgo de entrar en prisión es muy alto.