Canadá tiene previsto legalizar el cannabis recreativo en julio del 2018, razón por la cual su Gobierno está siendo sometido a presiones relacionadas con el cumplimiento de los tratados de fiscalización de estupefacientes.

Un artículo publicado por el Transnational Institute (TNI) se pregunta: ¿es ilegal legalizar?

Legalizar y regular los mercados de cannabis para fines no médicos supondrá que Canadá incumplirá la obligación recogida en los tratados internacionales de restringir su utilización a fines médicos y científicos.

Existen opiniones que sostienen que Canadá debería haber iniciado el proceso de retirada de los tratados internacionales con anterioridad al 1 de julio de 2017 para evitar infringir el derecho internacional, puesto que al haber incumplido ese plazo el país podría sufrir sanciones internacionales si no se detienen las reformas.

La experiencia de Uruguay, primer país del mundo en regular el cannabis, muestra que no es necesario retirarse inmediatamente de los tratados internacionales. Haber justificado su decisión desde la perspectiva del respeto hacia los derechos humanos no ha conllevado otras consecuencias negativas que sucesivas amonestaciones contenidas en los informes anuales de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que reiteran que la regulación uruguaya es contraria a las disposiciones sobre drogas y exhortan a una resolución.

Estados Unidos ha recibido mensajes similares de la JIFE en relación con lo que considera una interpretación legalmente dudosa de los tratados por parte de Washington.

Por su parte, Bolivia, en su defensa de la utilización tradicional de la hoja de coca, se retiró de los tratados internacionales para posteriormente reincorporarse con reservas.

Desde la perspectiva del TNI, un adecuado punto de partida consistiría en que Canadá reconociera públicamente que la regulación supondría un periodo de respetuoso incumplimiento de ciertas obligaciones contenidas en los tratados.

Una de las posibilidades de actuación consistiría en que Canadá explicara los razonamientos contenidos en sus reformas y por qué el nuevo enfoque regulatorio se justifica en la necesidad de cumplir otros compromisos legales y políticos a nivel interno, especialmente en lo relativo a la salud pública, la protección de menores y el respeto hacia los derechos humanos.

Además de los casos de Uruguay y Estados Unidos, citados anteriormente, en Holanda una decisión adoptada en octubre del 2017 permite experiencias de suministro regulado para los coffee shops autorizados. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha iniciado una revisión de la clasificación del cannabis como sustancia controlada en las convenciones sobre drogas. Todo ello permitiría que Canadá no tuviera necesariamente que actuar unilateralmente, ya que podría intentar concertarse con países que comparten similares puntos de vista.