La lucha por la regulación del cannabis y los clubs

Una batalla que se libra en varios frentes

Elvira Carmona

16 de Mayo de 2017actualizado el 29/11/2023 - 18:35

Hace veintiséis años que un grupo de amigos puso en funcionamiento el primer club cannábico en España. La Asociación Ramón Santos de Estudios del Cannabis fue el origen de un modelo de asociacionismo entre consumidores que con los años ha evolucionado, ganando popularidad hasta el punto de exportarse fuera de nuestras fronteras.

Por aquel entonces, los clubs no eran otra cosa que un grupo de gente que se autoorganizaba como asociación de “estudiosos” cuya principal finalidad era el activismo antiprohibicionista y, como mucho, conseguir cannabis de forma colectiva. En muchos casos ni siquiera se pensaba en un local destinado al consumo. Con el transcurso de los años, los clubs consiguieron inscribirse como asociaciones de consumidores, y esa finalidad justificaba la producción para ese consumo reconocido. Hoy se estima que hay unos ochocientos en toda España. Barcelona –la ciudad que vio nacer el primero de estos– es el municipio con la mayor concentración de toda España. Los consumidores de cannabis encuentran en Barcelona una extensa oferta de clubs con comodidades y servicios antaño insospechados. En función del club, el socio contemporáneo puede fumarse la hierba en una sala de proyección de películas, acceder a un gabinete terapéutico, participar en talleres de guitarra, escuchar una sesión de música en directo, conseguir concentrados de alta potencia o jugar al ping-pong; todo ello sin salir del local de la asociación.

Pero a pesar de los años transcurridos y de su expansión por todo el Estado, aún no hay una normativa que regule los clubs en España. No obstante, existen varios proyectos dirigidos a este fin que están floreciendo ahora gracias al esfuerzo de los movimientos del activismo cannábico. Tras años de trabajo insistente, los activistas han conseguido abrir el debate sobre la regulación de los clubs en la sociedad, al tiempo que lo han introducido en la agenda política. La situación ha llegado a un punto de no retorno, de modo que en los próximos años asistiremos, de una forma u otra, al establecimiento de un marco regulatorio de las asociaciones cannábicas, y probablemente del uso del cannabis en general.

Asociación Pachamama — En el club Pachamama la mayoría de asociados son vecinos de mediana edad.

Las regulaciones promulgadas

La lucha por la regulación es una batalla que se está librando en dos frentes: uno legislativo, en el que se intenta promover la creación de leyes que regulen la actividad de los clubs, y otro judicial, en el que se intenta defender el derecho al consumo y al libre asociacionismo para autocultivar. Echemos la vista atrás para recordar los sucesos recientes que nos han traído hasta aquí. Tuvieron que pasar más de veinte años y contabilizarse hasta seiscientos clubs antes de que un Gobierno se preocupara de regular su actividad. Frente a la pasividad del Gobierno español fue el Ayuntamiento de San Sebastián el primero en atreverse, cuando en octubre del 2014 aprobó una ordenanza urbanística que delimitó la ubicación de los clubs y estableció normas de seguridad, salubridad y acceso para los locales. Las medidas adoptadas fueron muy limitadas, debido al escaso margen de competencias con el que cuentan los ayuntamientos, pero la ordenanza supuso un primer reconocimiento legal para los clubs. Desde entonces, más de una docena de municipios, en su mayoría catalanes, han seguido los pasos de San Sebastián y han imitado su modelo de regulación urbanística.

Poco después de la ordenanza de San Sebastián llegó la primera regulación de un gobierno autonómico. El Parlamento de Navarra aprobó una ley sobre clubs de cannabis que fue impulsada a través de una iniciativa legislativa popular (ILP), y que establecía normas para la constitución, la organización y el funcionamiento de los clubs. La ley no fue vista con buenos ojos por el Gobierno central –en manos del Partido Popular–, y fue recurrida al Tribunal Constitucional con el argumento de que invadía competencias estatales en materia de legislación de productos farmacéuticos, legislación penal y seguridad pública. En el 2015 dio el paso el Gobierno vasco, y aprobó la Ley de Atención de Adicciones, que incluía un artículo dirigido a regular la actividad de los clubs sociales de cannabis. El Gobierno del PP repitió la anterior estrategia y recurrió la ley al Constitucional por considerar que invadía competencias. Tanto la ley de Navarra como la del País Vasco están actualmente suspendidas por el Tribunal Constitucional, a la espera de una sentencia que determine si las autonomías tienen potestad para legislar sobre los clubs.

La batalla en los tribunales

En paralelo a los intentos de regulación, el futuro de los clubs de cannabis se ha estado decidiendo en los tribunales, juicio a juicio. Durante años, varios juzgados se han tenido que pronunciar sobre distintas asociaciones de consumidores, dando lugar a una serie de sentencias con resultados contradictorios entre sí. En el 2015, tres de estos casos llegaron al Tribunal Supremo, los referentes a las asociaciones Ebers, Three Monkeys y Pannagh. En los tres casos, el Supremo resolvió condenar a los responsables y socios acusados, argumentando que los clubs tenían un número muy elevado de socios y una estructura de tales dimensiones que excedía la doctrina del consumo compartido. Según el Supremo, estos clubs no podían mantener el control necesario sobre el cannabis que se cultivaba y distribuía entre los socios, pudiendo producirse casos de distribución a terceras personas. Las tres asociaciones condenadas han recurrido las sentencias al Tribunal Constitucional y están a la espera de una sentencia. El Constitucional tiene ahora la responsabilidad de decidir qué va a pasar con los clubs de cannabis. Por un lado tiene la oportunidad de dar legitimidad a las regulaciones hechas desde las comunidades autónomas, y por otro de reconocer el derecho de los usuarios de cannabis a asociarse para abastecer su consumo.

Asociación Sweet&Green — Sweet&Green es una de las asociaciones legales de Barcelona más recientes.

Las iniciativas que llegan

Pero la lucha no acaba en el Constitucional. A pesar de las sentencias condenatorias del Supremo, la vida en las asociaciones continúa, y las iniciativas activistas por la regulación siguen avanzando. El proyecto más adelantado es el de la Rosa Verda, una propuesta de regulación para los clubs impulsada por una ILP en Cataluña, que está atravesando el proceso de enmiendas de los partidos. Se espera que su aprobación ocurra en los próximos meses, y que cuando suceda la ley sea recurrida al Constitucional por el Gobierno central, como ocurrió con el caso de Navarra y País Vasco. Otra comunidad autónoma, las Islas Baleares, ha creado una comisión parlamentaria para estudiar la regulación de las asociaciones en su territorio.

Además de las iniciativas locales y autonómicas hay propuestas dirigidas a un marco estatal que tienen la intención de abarcar una regulación que no se limite a los clubs de cannabis, sino que resuelva la situación desde la raíz, introduciendo el cannabis como una sustancia regulada en la legislación española. Con este fin se han presentado dos proposiciones no de ley al Parlamento, una de la mano del partido Esquerra Republicana de Catalunya y otra por parte de Unidos Podemos. La proposición no de ley (PNL) es una vía parlamentaria para pedir acciones al Gobierno y forzar el posicionamiento de los diputados o senadores sobre un tema concreto. No sirve para crear leyes, pero es un primer paso para abrir el debate en las cámaras legislativas. Ambas PNL proponen un modelo de regulación integral del cannabis en el que se contempla el cultivo para uso personal, el modelo de clubs de consumidores, la venta de cannabis en establecimientos y el uso medicinal. Aparte de estas, el partido político Ciudadanos presentó otra PNL, junto al Observatorio Español de Cannabis Medicinal, cuyo objetivo es la regulación del cannabis para uso exclusivamente medicinal. También hay otra iniciativa de ámbito estatal, impulsada por el partido cannábico de Navarra RCN-NOK, que pretende introducir una propuesta legislativa para regular el consumo, el autocultivo y los clubs a través de una ILP que necesita recoger quinientas mil firmas antes de diciembre.

La regulación llegará pronto, y lo más probable es que abarque desde el autocultivo hasta la venta. Mientras tanto, los consumidores de cannabis y los socios de los clubs se mantienen en la misma situación de inseguridad que siempre

Lo más probable es que todas estas iniciativas se junten en un único debate en la comisión mixta sobre el estudio del problema de las drogas, donde el PP tiene una mayoría relativa (diecisiete de treinta y cinco parlamentarios). Detrás, presionando por el inicio de este debate, se encuentra la plataforma Regulación Responsable, un think tank formado por activistas y expertos en la reforma de las políticas del cannabis que trabaja por la regulación desde el 2015. Regulación Responsable ha desarrollado un modelo para la regulación basado en cinco pilares: el autocultivo, los clubs de cannabis, el comercio con licencia, la educación para el consumo responsable y el acceso terapéutico. La intención de la plataforma es conseguir que otros partidos políticos se adhieran a su PNL para que la propuesta gane fuerza en el Parlamento, y llegar a plantear un proyecto de ley para una regulación integral. Otro proyecto de regulación que ha estado gestándose en los últimos dos años está a punto de ver la luz. Se trata de la propuesta de un grupo de expertos multidisciplinar bautizado como Grupo de Estudios de Políticas sobre el Cannabis (GEPCA). El proyecto será presentado próximamente y también incluirá una regulación del consumo, del cultivo individual y asociativo, de la venta con licencia y del cannabis medicinal.

A base de explotar las diferentes vías de participación que permite nuestro sistema político, el activismo cannábico ha conseguido cumplir uno de sus principales objetivos: abrir el debate sobre la legalización del cannabis. Ahora entramos en una nueva fase del proceso: la configuración de la regulación. Entre las iniciativas que están trabajando por la regulación hay pequeñas diferencias que ganarán importancia conforme el proceso avance. Algunos sectores son partidarios de un modelo que potencie el comercio de la marihuana y derivados desde el sector privado, mientras que otros abogan por proteger primero el autocultivo y los clubs de consumidores. En cualquiera de los casos, la regulación llegará pronto, y lo más probable es que abarque desde el autocultivo hasta la venta. Mientras tanto, los consumidores de cannabis y los socios de los clubs se mantienen en la misma situación de inseguridad que siempre, esperando a que una sentencia del Tribunal Constitucional o una regulación estatal acabe con la situación de ambigüedad legal que el país arrastra desde hace décadas.