El gobierno de Ontario invirtió 10 millones de dólares en controlar el negocio legal del mercado del cannabis. Malas decisiones políticas lograron que ese dinero se perdiese.

Ontario iba a vender cannabis mediante tiendas que controlaría el gobierno. Sin embargo, un cambio que dirigió el negocio hacia el sector privado hizo que se perdieran muchos millones en inversión, alquiler de locales y contratación. Un desastre.

En un principio, el gobierno de Ontario quiso llevar el negocio de la marihuana legal del mismo modo que se controla el negocio del alcohol, es decir, un negocio dirigido por el estado. Anticipándose a ese modelo, la Ontario Cannabis Retail Corporation (OCRC) gastó 10 millones en construcción de recintos, alquileres y contratación de personal. Antes de que se abriese el primer dispensario pero después de que todo el operativo del OCRC estuviese en marcha y gastando como si no hubiese mañana, el gobierno de Ontario decidió cambiar de opinión: el negocio del cannabis iba a ser un asunto del sector privado.

En otras palabras, el gobierno de Ontario tiró a la basura 10 millones de dólares porque decidieron hacer las cosas de otro modo y que fuese el sector privado el que controle el negocio.

“El coste de la OCRC relacionado con la transición entre órdenes ejecutivas implicó 8.694.289 millones en arreglar locales para levantar todo un entramado de dispensarios”, comenta uno de los portavoces del gobierno.

Al menos, la OCRC aún controla las ventas al por mayor en el estado de Ontario. Algunos expertos aseguran que tarde o temprano se producirá un efecto rebote y el estado podrá recuperar (incluso ganar) mucho más dinero que el que se ha desperdiciado en la fallida red de ventas. Por el momento, eso está por ver.